Etiquetas

La cifra se refiere solo a juicios internacionales relacionados con el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos.

Los reclamos de los inversionistas contra Guatemala en arbitrajes relacionados con el Tratado de Libre Comercio suscrito con la Unión Americana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) asciende a US$324 millones 524 mil, de acuerdo con la información de los arbitrajes disponibles, cita la revista Lawyer.

Alexander Aizenstatd, abogado en Derecho Mercantil, Litigio Constitucional, Derecho Internacional y Arbitraje explica que la cifra basada en datos del Departamento de Estado de Estados Unidos se refiere solo a arbitrajes relacionados con el DR-CAFTA, pero hay otros reclamos que se refieren a Guatemala en otros tratados bilaterales de inversión, por lo que la suma es más alta.

El experto en Arbitraje Internacional señala que Guatemala firma este tipo de tratados bilaterales para ofrecer protección recíproca (inversionistas y Estado), pero no considera la responsabilidad que implica su administración y aplicación.  “Países como Guatemala solo fijan su atención en los beneficios comerciales que se pueden obtener”, agrega.

Sin embargo, Guatemala puede ser vulnerable a una demanda millonaria si los funcionarios desconocen los mecanismos de un acuerdo que tiene vigencia desde 2005. Esta herramienta legal permite a los inversionistas iniciar un arbitraje internacional contra un Estado, pero no contra el funcionario que provoque la cancelación de la inversión. “Se debería accionar y cobrar a quien ocasionó el daño y no distribuir la carga entre todos los guatemaltecos”.

Juan Pablo Carrasco, abogado del Central Law Guatemala, indica que los funcionarios no pueden firmar contratos y después cancelarlos antojadizamente. “Si se decide decir a un inversionista que venga al país, debe ser una decisión de Estado”, señala.

Además, encuentra favorable el resguardo que brinda el Tratado a los inversionistas. “Si bien es negativo que un país tenga este tipo de casos en su contra, hay países que no protegen a los inversores”, señala Carrasco.

El experto en Comercio Internacional Enrique Lacs comparte lo dicho por Carrasco, porque el inversionista tiene certeza de que si presenta una demanda procederá en un tribunal como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Preocupación latente

Aizenstatd señala que la cifra registrada por Guatemala es normal para los parámetros centroamericanos, y no representa ningún riesgo. Sin embargo, debe despertar alerta en los ciudadanos porque eventualmente puede existir un caso multimillonario que pueda afectar la estabilidad financiera del país.

“Se debe considerar la cifra, pero también que el costo del proceso es altísimo”, comenta Carrasco.

El coste económico de las disputas inversor-Estado se compone del coste del litigio, que incluye los gastos del panel de arbitraje y los de defensa legal, y la indemnización que ha de pagarse al inversor externo en caso de que la demanda prospere.

Del lado de los inversionistas, Aizenstatd  explica que su opinión del país no cambiará mientras se cumpla con el laudo. “Un Estado que no cumple con la sentencia de un proceso es mal visto y no se debe invertir en él”, señala.

Por aparte, Lacs dice que los casos permiten a los inversionistas saber qué países cambian las reglas del juego. Sin embargo, sostiene que no es al que debería asustar. “El mundo de las inversiones y las demandas remiten al país a un sistema que se creó para dirimir conflictos”, afirma.

En opinión de Carrasco, la mayor pérdida para un país en un caso de arbitraje internacional es asustar la inversión extranjera, y no el pago de un fallo o la factura por contratar una firma de abogados.

Casos  en el CIADI

Railroad Development Corporation (RDC) ganó un caso en contra de Guatemala en 2012. El tribunal arbitral resolvió que el país había violado el estándar mínimo de trato establecido en el CAFTA, y ordenó que RDC fuera resarcida con US$14.6 millones. Había solicitado US$65 millones.

En enero pasado, el CIADI confirmó el fallo de 2012, donde había rechazado la solicitud presentada por Iberdrola y resolvió que la empresa debía pagar US$5.3 millones por costos judiciales a Guatemala. El país había sido demandado en 2009 por US$336 millones.

En un tercer caso, el CIADI resolvió que Guatemala debía pagar US$28.6 millones a Teco Energy. Pero la empresa y el Gobierno guatemalteco solicitaron la anulación de la sentencia, el primero para que se incremente la suma, y el otro para que se anule el pago. La empresa solicitó US$ 237.1 millones en la demanda. Una terna separada del CIADI está pendiente de resolver la petición.