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Por Enrique Krauze

La masacre de Ayotzinapa quedará inscrita en la historia mexicana de la infamia. Aunque la investigación no es concluyente, la versión que corre es verosímil: buscando deshacerse de los estudiantes normalistas que estorbaban su imperio, el alcalde y su esposa ordenaron el secuestro de los muchachos a la policía municipal, que a su vez los entregó a los “Guerreros Unidos”, grupo criminal no solo aliado sino socio de la pareja. Los jóvenes fueron asesinados de manera atroz, digna de los campos de exterminio. Pero además de la responsabilidad directa (quien planea, ordena y comete el crimen) existen responsabilidades indirectas (complicidades, omisiones, dilaciones) que es absolutamente necesario aclarar y sancionar a la mayor brevedad. ¿Qué tanto sabía, toleraba o alentaba el gobierno estatal del PRD, partido que gobierna la entidad desde 2005? ¿Por qué el Ejército, con una base cercana a Iguala, no actuó? ¿Por qué el Gobierno federal dejó que el problema creciera?

Buscando comprender -comprender no es condonar- me he preguntado ¿qué ha ocurrido en Guerrero? Hace unos días, un guerrerense amigo mío me acercó un poco a la respuesta: “En mi estado la gente se ha matado siempre: por venganzas, odios, pasiones, por costumbre. Pueblos enteros desaparecen. La tasa de homicidios es la más alta, cuatro veces superior a la media nacional. Pero la droga ha llevado a extremos esa familiaridad con la muerte. En las sierras y barrancas de Guerrero la mariguana se da muy bien, pero ahora se siembra amapola, y se planta, produce y exporta masivamente la heroína. Guerrero es un estado muy pobre. La única aspiración de un joven, hasta hace poco, era ser maestro. Para sus padres era como enviarlos a la Universidad. Ese era el sueño de los estudiantes de Ayotzinapa y sus familias. Pero con la presencia creciente de los narcos, muchos campesinos participan en el negocio. Imagínate a unos muchachos que de pronto tienen 50,000 pesos semanales. ¿Qué hacen con esa fortuna? Pues emborracharse, conseguir mujeres, ir a fiestas (y no hay buena fiesta sin muertos), terminar comprando un arma de alto calibre y dedicarse a hacer lo de siempre: matar y matarse. Hay quince grupos criminales en la zona. Hace unos días mataron a balazos a una señora que vendía helados en la plaza por no haber cumplido con el derecho de piso: su cuota era de 1000 pesos semanales”.

La macabra narración de mi amigo me hizo recordar el Diccionario geográfico, histórico, biográfico y lingüístico del estado de Guerrero de un ex gobernador, Héctor F. López (publicado en 1942), que leí hace muchos años con estupor: casi cada página contenía una historia de violencia política o una querella sangrienta entre Montescos y Capuletos. Guerrero fue ingobernable desde tiempos coloniales. Sobre una geografía agreste e incomunicada, y una base demográfica escasa y dispersa, la evangelización fue casi nula. A fines del siglo XVIII, un oficial de la Corona sostenía que los habitantes de la zona “no tienen residencia fija, ni reducción de pueblos, ni formalidades de república, ni sociedad civil…”.

Guerrero fue teatro central de las guerras de Independencia y Reforma. Sometido por décadas al cacicazgo de Juan y Diego Álvarez, fue escenario temprano del zapatismo. Siguió una secuela de despojos, golpes, desafueros, derrocamientos, divisiones, todos dirimidos a balazos y machetazos. Entre 1849 y 1942, un solo gobernador (Rodolfo Neri) había concluido su gestión. En los sesenta, las matanzas de campesinos en Chilpancingo y Atoyac encendieron la guerrilla, que a su vez, en tiempos de Echeverría, desató la “guerra sucia”. Siguieron dos décadas de engañosa calma, punteadas por episodios horrendos, como la matanza de “Aguas Blancas” (1995). Y así llegamos a los tiempos narrados por mi amigo: la irrupción masiva del narco y su alianza con los poderes locales.

La conclusión es tristísima: es la historia de una tragedia anunciada. Lo extraño es que no ocurriera antes y que las diversas instancias de gobierno no la previeran, previnieran y evitaran. No todo México es Guerrero, pero así lo parece ahora en las páginas internacionales. Hay una indignación social, justificada y natural, que de manera inexacta (o interesada) amalgama a todos los actores como si fueran uno solo. Hay, en muchos jóvenes, un agravio profundo y desesperado. Del deslinde pronto y total de responsabilidades y del castigo a los culpables depende -sin exagerar- el futuro de la democracia mexicana.