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Tanto la fiscal como la Corte se hacen los ciegos ante las pruebas que tienen para aplicar la Ley Contra la Corrupción.


Santiago Billy/Diario Digital

La Fiscal General de la República Thelma Aldana dijo el jueves pasado que “el solo hecho que se mencione a una persona a través (sic) de una escucha telefónica no implica que vayamos a iniciar ninguna investigación”. A la declaración de Aldana siguió el viernes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar improcedente la solicitud de antejuicio en contra del diputado Wilfido Gudiberto Rivera. En dos platos, tanto la fiscal como la Corte se hacen los ciegos ante las pruebas que tienen para aplicar la Ley Contra la Corrupción.

No hace falta ser abogado para entender que el ENCUENTRO solicitado por Vernon Eduardo González y el diputado Wilfrido Gudiberto Rivera a la magistrada Claudia Escobar para asegurar un fallo favorable al Partido Patriota y a Roxana Baldetti entra en lo que el artículo 35 de esta ley define como “tráfico de influencias”:

“Comete delito de tráfico de influencias la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, AMISTAD o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero.”

Wilfido Gudiberto Rivera llegó a la entrevista con Claudia Escobar para solicitarle ese fallo, que otorgaba un amparo provisional contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral de cancelar el nombramiento de Roxana Baldetti como secretaria general del PP y la suspensión al PP por seis meses, por la proclamación de Alejandro Sinibaldi como precandidato presidencial. Y a cambio ofreció el voto favorable, suponemos que de su bancada y de los diputados de LIDER, para elegirla magistrada de Sala de Apelaciones. Había un asunto que ese funcionario –la magistrada Escobar- debía resolver y Rivera quería obtener un beneficio indebido para terceras personas, Roxana Baldetti y el PP.

Pero aún más. En la conversación presentada como prueba, Gudiberto Rivera le dice a la magistrada Escobar, aludiendo a lo que realmente pesa en el ánimo de los diputados a la hora de votar: “Recuérdese Claudita esto no es por currículo, no es por universidad…Usted sabe como funciona esto aquí”.

El artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, establece el delito de cohecho activo y lo define de esta manera: “Comete delito de cohecho activo, cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo”.

De nuevo, el intercambio implícito de resolución favorable por votos para elección en el Congreso casa, hasta para un lego, en la caracterización del delito.

En el caso de Anabella De León, las escuchas presentadas en el proceso contra Vernon Eduardo González hacen ver que éste último no actuó motu proprio, sino que fue emisario de otras personas. Y si no fue emisario, “Anabellita” y “el número uno”, estas dos personas que se mencionan estaban al menos tanto del delito por el que se procesa a González y, a pesar de ser funcionarios, no hicieron nada por disuadirlo. Y luego, cuando lo cometió, omitieron denunciarlo.

Esto debiera ser suficiente para que el Ministerio Público investigue y trate de establecer la eventual participación de Anabellita (Anabella de León) en el tráfico de influencias y cohecho activo que realizó Guayito (Vernon Eduardo Gonzalez). Porque la transcripción de las llamadas ya nos muestra que ella estaba perfectamente al tanto de lo que hacía su amigo, socio y subalterno.

Salvo apelación ante la Corte de Constitucionalidad, Wilfido Gudiberto Rivera quedará a salvo, sin ser llevado a declarar ante los tribunales, aunque haya grabaciones y declaraciones de él mismo en las que admite, por lo menos, haber ido con González a esa reunión en la que se intentó intercambiar votos por un fallo favorable.

Y en lo que a Thelma Aldana atañe, se evidencia su gran dependencia del Ejecutivo y su intención de no irritar a los caciques del PP, aunque las pruebas para procesarles fluyan en abundancia.

Ya ven por qué es tan importante pelear para que el Organismo Judicial y el Ministerio Público sean autónomos y estén blindados contra cualquier tipo de presión.

Gustavo Berganza
Periodista y sociólogo