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Una cortina de humo, un paso más en la militarización del país, intento de control de los negocios aduanales por parte de la pareja presidencial e improvisación, son algunos de los comentarios hechos por analistas y expertos en torno al anuncio de intervenir las aduanas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de lo que ya se advierten atrasos en las actividades de comercio exterior en los puertos del país

Por Luis Martínez Balcárcel

En medio de dudas y señalamientos por seguir militarizando las instituciones del Estado y marcar retrocesos en materia fiscal, el binomio presidencial anunció a inicios de la semana pasada la decisión de intervenir la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y cinco aduanas del país con el apoyo del Ejército, lo que prácticamente causó un cisma entre las autoridades del ente recaudador y el Gobierno, ya que el ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, se vio obligado a presentar su renuncia por haber sido el principal impulsor de esta medida.

Aunque sin proporcionar detalles del proceso, lo que ya ha sido calificado como una decisión precipitada y confusa, la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez anunciaron que el Ejecutivo decidió intervenir cinco de las doce aduanas, medida que supuestamente incluiría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Las aduanas que serán intervenidas son la Central, Tecún Umán y Pedro de Alvarado, así como la de Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, aunque estas dos últimas ya se manejan desde el ámbito de la intervención, lo que causó confusión entre los observadores.

Estas aduanas son las que presentan mayor tránsito de mercancías y que, de acuerdo al ahora ex ministro de Finanzas, Pavel Centeno, quien promovió esta medida pero sorpresivamente renunció días después, la acción se tomó para mejorar los ingresos fiscales y combatir a las mafias que allí operan.

CRÍTICAN INTERVENCIÓN

Ante la incertidumbre sobre qué sucederá con el Directorio de la SAT, así como las funciones que tendrán los interventores, que serían el mismo superintendente, Carlos Muñoz, y la intendente de Aduanas, Claudia Méndez (lo que supone que no habría cambios en la dirección) lo que sí quedó claro fue el nombramiento de oficiales del Ejército para que “acompañen” a los funcionarios mencionados en esta confusa intervención.

Ante ello, diferentes sectores han expresado su preocupación sobre el tema, ya que para algunos representa una militarización y una medida ilegal, ya que la SAT es una institución protegida por la Constitución, la cual establece en su artículo 20 que solo “El Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales a la comunidad”. De acuerdo con expertos, la SAT no aplicaría como parte de estas entidades, ya que no presta un servicio esencial sino ordinario.

En esta misma línea,  el editorial de diario El Periódico, del miércoles 16 de octubre, destaca que “La SAT no es una empresa que presta un servicio público esencial, ya que su función está enmarcada dentro de la función constitucional de administración de la hacienda pública, conforme el Artículo 183, literal q), de la Constitución”.

“Por tanto, la intervención parcial o total de la SAT no es procedente y, por consiguiente, hablar de intervención de aduanas no procede conforme a la Constitución. De cualquier manera, para la depuración del sistema aduanal no se necesita la intervención, sino voluntad política tanto del Directorio de la SAT como de la propia SAT”.

Por su parte, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), rechazó por completo la iniciativa por considerar que ésta pondría en riesgo la institucionalidad del Estado.

De acuerdo con Briz, cuando fueron intervenidos los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla, en años anteriores, hubo retrasos en las importaciones y exportaciones, además que le preocupa que “la SAT se convierta en un ente represivo para los contribuyentes y generar un ambiente de terrorismo fiscal”.

 

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CORTINA DE HUMO POR CORRUPCIÓN

Otros ven la medida como “una cortina de humo” para “lavarse la cara” debido a los fuertes escándalos de corrupción que en los últimos meses se ha visto envuelta la pareja presidencial, en especial la vicepresidenta Roxana Baldetti, a quien una reciente publicación reveló que su fortuna personal sobrepasa los U$14 millones de dólares.

Javier Zepeda, presidente de la Cámara de Industria (CIG) señaló que “si es para justificar el bajo nivel de recaudación fiscal forzar la intervención no es el camino correcto”.

Carlos Vega, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), señaló que “con la intervención solo se colocaría a una persona para que vea qué está sucediendo, mientras la solución sería reestructurar por completo el sistema de aduanas. Hay que hacer una limpieza, simplificar los movimientos, pues el hecho que haya que dar tantas vueltas y llenar tantos formularios conduce a la corrupción”.

 

 

ADUANA Y EJERCITO

OTRA INSTITUCIÓN MILITARIZADA

El editorial del diario Prensa Libre, del 16 de octubre pasado, fue bastante crítico con la decisión involucrar nuevamente a militares en las instituciones de orden estrictamente civil, como la SAT ya que “la decisión del presidente de la República, general Otto Pérez Molina… de situar bajo control militar a cinco de las principales aduanas del país, constituye un paso más en el afán del gobierno patriotista de colocar a oficiales en activo o retirados, y a fuerzas castrenses, en puestos o funciones estratégicas del Estado”.

“No existe virtualmente, en estos momentos, ninguna institución gubernamental de importancia donde no haya presencia o cumplan funciones de decisión o control, allegados generacionales del mandatario u oficiales con vínculos de promoción o camaradería, con lo que se da la razón a quienes ya hablan de una militarización, abierta o solapada, de la administración pública”, añade el editorial.

Otro párrafo señala que “Esta incursión castrense en las esferas del poder político es vista con preocupación y suspicacia por quienes razonan, primeramente, que ese ejercicio es ajeno al ámbito de formación profesional y vocacional de los uniformados, mientras la experiencia de su desempeño en puestos públicos en los últimos cincuenta años, la proyecta como desaconsejable e inconveniente”.

“Es irónico, entonces, que se confíen las aduanas, la estructura del Estado más permeada por la opacidad y apetecida por los corruptos, a quienes en el pasado no solo fueron incapaces de controlar la defraudación al fisco, sino que usaron el cargo para su propio beneficio. El tiempo dirá si los oficiales de esta época son distintos a aquellos que mancharon la reputación castrense o si se trata de un nuevo tropezón en la misma piedra, por parte de quienes dictan las altas decisiones políticas”.

“Al margen de la valoración de las aduanas, es previsible que a los desaciertos de este gobierno se sumará, en la evaluación ciudadana, la militarización del Estado, una medida que socialmente se reprueba y que, a su tiempo, le pasará factura al partido oficial”, finaliza la postura editorial de este importante medio escrito.